Unos años atrás, casi del mismo modo, aunque con un origen distinto, el mandatario estatal pretendía imponer a uno de los suyos en la candidatura y obstaculizar el ascenso al que parecía ser el aspirante con más fuerza para obtenerla, que era, para desgracia de ambos, si no contrario, sí distinto.
Sorprenden las similitudes.
En tanto que Marco Adán Quezada se encaminaba a una muy segura candidatura del PRI al gobierno del estado (a pesar de que aún faltaban largos 3 años para definirla, corría el año de 2013), que fue frustrada por el doloroso accidente del Aeroshow, evento aprovechado por el gobernador César Duarte para sabotear cualquier posibilidad del ex alcalde, incluso hasta el extremo de intentar (como ahora, en el símil en proceso en la capital del estado) llevarlo a la cárcel.
Culminó así un largo proceso de sordos enfrentamientos entre el gobernador de Chihuahua y el alcalde de la capital, los dos del PRI.
Siete años después -con las diferencias naturales, por la procedencia partidista y por las causas- estamos en medio del que era, hasta ahora, un más o menos soterrado enfrentamiento entre el gobernador Javier Corral y la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, en una ríspida confrontación que amenaza con minar las posibilidades del refrendo del PAN en la gubernatura del estado.
En el caso de Quezada-Duarte, la confrontación era hasta por el lugar en los presídium de los actos públicos.
En el de Maru-Corral los desencuentros se hicieron evidentes en varios actos públicos, que llegaron hasta los episodios en los que la alcaldesa insistía en ser escuchada por Corral así fuera a las puertas de la camioneta y con el gesto displicente del mandatario.
El desencadenante, ahora, fue la detención del ex gobernador Duarte, que envalentonó al amanecido gobernante de Chihuahua para lanzar una furiosa ofensiva en contra de la alcaldesa, con acciones, que si se respetara el Estado de Derecho, serían motivo para su enjuiciamiento pues la “filtración” de documentos que le hicieron llegar al periodista cuauhtemense, Aníbal Moreno, consistentes en las copias de los supuestos recibos de la “nómina secreta”, debiera ser motivo de una investigación y las sanciones correspondientes a quienes, desde la Fiscalía del Estado los hicieron llegar.
Otra causa sería el de la revelación de los recibos, de los supuestos beneficiarios y hasta las de las supuestas declaraciones realizadas por varios testigos, realizada por el gobernador Corral, con lo que violó el debido proceso seguido en contra de la alcaldesa.
Pero el fondo ahí estaba, nítido, hacer todo con tal de impedir el acceso a la candidatura y despejarle el camino al senador Madero.
Sin embargo, tal camino lleno de abrojos implica el natural desgaste del partido al que ambos pertenecen, y por extensión a todos los partidos políticos.
¿Llegará el gobernador Corral al extremo de llevar ante los jueces la denuncia presentada por Alejandro Domínguez, destacado priista, en 2018, que usó los documentos de referencia que, dijo, le hicieron llegar de manera anónima?
¿Lo detendrá la dirigencia nacional, o la natural reacción de los seguidores de Maru Campos, militantes del PAN, como el grupo de mujeres que han presentado una denuncia-demanda a la dirigente estatal, Rocío Reza, (cercanísima al gobernador Corral) en la que acusan al mandatario de violencia política?
No son señalamientos o acusaciones baladís las vertidas por los dos protagonistas políticos del PAN de Chihuahua.
Además de las acusaciones de Corral contra Maru, de recibir financiamiento de Duarte y de financiar a sus detractores del gobernador, también son muy graves las enumeradas por el equipo de la alcaldesa acerca del uso faccioso de la Fiscalía, para chantajear políticamente e influir en la designación de la candidatura.
Bueno, fuimos testigos hasta del berrinche (perdón, no se le puede llamar de otro modo) de Corral cuando anunció que ya no recibirá a Maru en privado, sólo acompañada.
¿Acaso teme al poder seductor de la alcaldesa?
¿Qué tanto afectará a las posibilidades del PAN, independientemente del candidato (a), la indubitable fractura, pues generará, a no dudarlo, un crecimiento del rechazo de una parte de los electores?
¿O será posible que el panismo, en masa (hablando de la base militante), más allá de quienes hoy ocupan cargos en el gobierno estatal, se volcará en favor de la alcaldesa?
¿O que suceda lo esperado por la dupla Corral-Madero, que los panistas se vuelquen, henchidos de entusiasmo por el senador favorito de Palacio?
Porque una cosa ha quedado en claro, por lo menos en el ámbito ciudadano, afuera del PAN, y es que la alcaldesa de Chihuahua -a reserva de las contingencias que se pueden presentar en cualquier proceso político electoral, y más en los actuales momentos en el que el componente jurídico pesará mayormente- es la más viable candidata panista a la gubernatura.
Luego ¿Qué tanto le pesaría, en la campaña, la acusación, cierre o no, de Corral?
Lo más probable es que Corral no ha calculado bien los daños colaterales de sus acciones; ni las locales, ni las repercusiones en el ámbito nacional.
Porque hay un factor esencial: La disputa por el gobierno de Chihuahua, será, como en casi todas las elecciones del ’86 para acá, parejera, ahora entre el PAN y Morena.
La disputa panista hará crecer el rechazo a los blanquiazules; a menos que ocurra un fenómeno, el mismo del 2016, que se presente un candidata (a) que capitalice el sentimiento anti-Corral y que el electorado ubique a la alcaldesa Campos como la más anticorralista y votara por ella, a pesar de proceder del mismo partido.
Y esa es la oportunidad de Morena.
Quienes creen que de manera automática los beneficiarios de los programas del Bienestar Social de la 4T van a votar por Morena se van a llevar un chasco.
La elección del gobernador de Chihuahua será, como todas, una elección local, en ella contarán, sobre todo, los factores locales.
Sin duda ahora pesará, más que en el pasado, el presidente de la república, por los elevados porcentajes de aprobación de AMLO (en la práctica, 50%), pero el morenaje deberá postular a un candidato (a) que el electorado identifique como opositor del “Nuevo Amanecer”.
Mal harán si lo hacen por uno cuyas ligas con el corralismo sean evidentes, o se advierta una cierta connivencia; baste, para darse cuenta de ello, las calificaciones que los chihuahuenses le otorgan al antiguo exitoso tribuno parlamentario, menos del 25% lo aprueban.
Y si sería pésimo postular a un candidato cercano a Corral, peor sería postular a uno que formó parte de su gabinete -Víctor Quintana- quien no sólo apoyó a Corral en la candidatura (lo que era discutible y, quizá, correcto políticamente, pues había que frenar al duartismo), pero de ahí a aprobar y compartir la desastrosa gestión del “aldeano gobernante amanecido”, y no sólo en lo general, sino en particular su conducta frente a los movimientos populares, de los que provenía uno de los fundadores del Frente Democrático Campesino y que callaba cuando el gobernador Corral lanzaba críticas demoledoras en contra de López Obrador, en la etapa de candidato y que luego arreciaron cuando ya era el presidente en funciones.
En todas esas ocasiones se quedó callado, “por mesura”, como si el único que pudiera expresar sus opiniones políticas fuera Corral y, de ninguna manera, quien aparecía como la cabeza del grupo de la izquierda social que se sumó a la candidatura del panista.
Descomunales retos tiene frente a sí el morenaje pues sus otras “cartas” arrastran serios problemas electorales: Rafael Espino no es, como se diría en el viejo régimen, “nativo y con arraigo”, es, en la práctica, un desconocido para los chihuahuenses, que puede, o no, contar con la “bendición” del Peje.
Ciertamente, podría intentar mejorar el conocimiento de los chihuahuenses sobre él ¿Lo lograría?
Igual ocurre con Carmen Almeida, aunque ella ha permanecido en la entidad en los últimos años, no es una morenista conocida, ni en lo electoral, ni socialmente.
Cruz Pérez Cuéllar es, para efectos prácticos, un auténtico representante de la clase política mexicana de las últimas dos décadas, que lo mismo se postulan por “A”, que por “B” o “Z”.
Y el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa está empeñado en usar todo el peso de la distribución de los programas del gobierno federal en fortalecer su imagen personal, muy cerca, si no es que ya rebasó los límites legales del uso de los programas gubernamentales en favor de la imagen de los funcionarios.
De tales dimensiones son las repercusiones de la detención de Duarte, la disputa Maru-Corral y la postura de los morenistas frente al gobernador.
Será una candente campaña electoral, ya “pardeando” el amanecer.
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