No es que no haya recursos. El tema de fondo es saber simplemente en qué quiere el Gobierno gastar el dinero.
El 23 de abril, utilizando como excusa una pandemia que le ha caído como anillo al dedo, el Ejecutivo federal emitió un decreto con unas curiosas “medidas de austeridad”. Señalaba que “no será despedido ningún trabajador”, pero “de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios”. Apuntaba que “no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”, incluyendo “lo supuestamente comprometido”.
Cancelaba “10 subsecretarías”, sin decir cuáles, pero añadía que “se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán esos cargos”. Decía que “se aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa”, pero exentaba 28 programas “prioritarios”, a las secretarías de Salud, Marina y Defensa, y a la Guardia Nacional.
Ningún decreto, sin embargo, puede ordenar una reducción “voluntaria” de salarios. Tampoco cancelar lo ya comprometido con proveedores. No puede eliminar 10 subsecretarías sin decir cuáles, ni generar un ahorro si todo el personal se pasa a otras dependencias. Toda ley, por otra parte, debe aplicarse de manera rigurosa; no se necesita un decreto que lo ordene.
Uno de los programas exentos es el Tren Maya. Por eso el Presidente se ha pasado la semana en ceremonias de inauguración. No hay información de que el proyecto tenga manifiesto de impacto ambiental o un proyecto ejecutivo que permita determinar con exactitud costos y problemas de construcción.
Lo único que sabemos es que el Gobierno dice que costará exactamente 139 mil millones de pesos, con IVA, y que “es socialmente rentable dado que el valor presente neto es positivo, equivalente a 206.6 mil millones de pesos [sic] y cuenta con una tasa interna de retorno social (TIR) de 21.2 por ciento”.
Aun suponiendo que esto fuera cierto, y hay dudas de que lo sea, se trata de un proyecto sumamente costoso. La idea original era que lo pagaran empresas privadas, lo cual sugería que sí habría una rentabilidad; pero a últimas fechas se nos ha dicho que todo el costo lo asumirá el Gobierno. Mala señal. Mientras este proyecto quimérico absorbe carretadas de dinero, el modesto equipo del doctor Luis Marat Álvarez Salas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Politécnico Nacional, está desarrollando una prueba rápida de Covid-19, pero se está quedando sin recursos.
La detección se realiza a través de una proteína llamada Spike y de reactivos con aptámetros, ácidos nucleicos de cadena sencilla, que cambiarían de color con una muestra de la persona presuntamente infectada. Cada prueba podría tener un costo de 50 pesos, muy por debajo de los 600 de una prueba serológica de anticuerpos o los 3 mil a 5 mil de una prueba PCR, de reacción en cadena de polimerasa.
Los investigadores se enfrentaban ya a problemas serios por falta de recursos y estaban teniendo que poner dinero de su bolsillo. Pero, según el doctor Álvarez Salas, “no tendremos forma de continuar si nos cortan 75% del presupuesto”.
No, no es que el Gobierno no tenga dinero. Simplemente está aprovechando la pandemia para recortar dinero de proyectos que deberían ser prioritarios, como esta nueva prueba, para financiar sus programas sociales, que compran votos, y proyectos faraónicos como el Tren Maya. Tenemos un Gobierno que gasta cada vez peor.
Sin trámites
En dependencias como el SAT se vuelve cada vez más difícil hacer trámites. El sistema se ha vuelto increíblemente lento y no hay citas en todo junio para conseguir una e.firma. Los hacendarios no son servicios prioritarios para el Gobierno.
