Si bien la polémica no había estallado, la publicación coincidente de cuatro periódicos extranjeros acerca del número de decesos a causa del Covid-19 la ha desatado.
No puede haber más “sospechosismo” sobre la coincidencia sobre la fecha: El Gobierno mexicano, a contrapelo de lo realizado por las autoridades sanitarias de prácticamente todo el planeta, fijó en una fecha determinada el pico “más alto de la epidemia”, el 6 de mayo, luego la cambiaría para el 8; estaba anunciando (poco le faltó para establecer la hora precisa) algo que nadie en el mundo se había atrevido a hacer y que, de manera natural, concitaría la atención de no pocos jefes de redacción.
Pero la publicación de El País (de España), y de los norteamericanos The Wall Street Journal, The Washington Post y de The New York Times, en el momento en el que el presidente estadounidense presiona seriamente al Gobierno mexicano para apresurar la apertura escalonada de algunas plantas de la industria maquiladora y de otros rubros, necesarios para la economía norteamericana, declarados como “esenciales”, le ha impuesto al país una nueva polémica, que puede acarrear más desazón e incertidumbre, quizá no al total de los mexicanos, pero sí a la mayor parte de los habitantes del centro del país, de los sinaloenses, tabasqueños, bajacalifornianos y quintanarroenses.
Los datos habían sido dados a conocer en algunos medios nacionales y no habían sido tomado en cuenta suficientemente. Se trataba del hallazgo, en muchos certificados de defunción, en los que se anotaron hasta tres posibles causas de muerte, una de las cuales era “probable Covid-19” y en los que se asentaba en primer lugar “Neumonía atípica”, causa que se elegía para asentarla en las estadísticas.
De ese modo, no se le acreditaba al nuevo virus, algo que el subsecretario Hugo López Gatell aceptó mediante un eufemismo, el de que no se habían, aún, dictaminado y porque, en muchos casos, aceptó, no se realizaron las pruebas necesarias en muchos cadáveres.
Pero ¿cómo van a saber cuál fue la causa de muerte si no se están haciendo autopsias de manera generalizada, ni siquiera para efectos científicos, como en otros países sí lo están haciendo y que son quienes han encontrado nuevas variables de los cuadros que produce el SARS CoV-2?
Estos hallazgos y supuestas fuentes de información (sobre todo en el caso del NYT) llevaron a que este periódico publicara un reportaje en el que asienta que “la cifra de personas que pudieron haber muerto de la Covid-19 en Ciudad de México es más de tres veces la que muestran las cifras federales”, de acuerdo con “funcionarios e información confidencial revisada por el NYT”. (Nota de Azam Ahmed, NYT, 8/V/20, “Cifras ocultas: México desatiende ola de muertes en la capital”).
Si bien la nota no cita fuentes comprobables, sí señala un dato nada despreciable. Dice que a lo largo de tres semanas buscó a los funcionarios de salud, sin éxito, para que atendieran “las reiteradas solicitudes del Times de que identificara todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, aduciendo que los datos estaban incompletos”. (Ibídem).
A su vez, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, “declinó hacer comentarios” para el NYT.
Y cita un dato, éste sí comprobable. El de que México puede tener un panorama incompleto acerca del número de casos, debido al escaso número de pruebas realizadas, sólo a 0.4 personas de cada mil, que es “de lejos la proporción más baja entre las decenas de naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas”. (Ibídem).
Al responder a las notas periodística, de alguna manera el Subsecretario Hugo López Gatell aceptó lo publicado por el NYT al declarar que “a las cifras de muertes por Covid-19 aún faltan sumar las del diagnóstico en dictaminación (sic)”.
Bueno, tal polémica viene a convertirse en un motivo más para la discusión acerca del probable regreso de ciertas áreas de la economía, de algunas regiones del país y/o una redefinición de las actividades “esenciales”, para hacerlas compatibles con las que así clasificó el gobierno norteamericano.
El problema es que tres de las ciudades más importantes de la industria maquiladora -Mexicali, Juárez y Tijuana- son de las ciudades fronterizas más golpeadas por el coronavirus, y en las dos últimas la fuente más probable del contagio se ubica en las plantas de la maquiladora, así como el hecho de que en Juárez el Covid-19 ha causado la más alta letalidad ¡del mundo!, ubicada en el 25 por ciento.
Además, por si fuera poco, en Juárez se concentra el 83 por ciento de los casos confirmados en el estado, sin que hasta ahora las autoridades sanitarias, ni las estatales, directamente responsables de la salud en el estado, ni las federales, hayan dado una explicación.
Hecho tan doloroso ha motivado que el Senado haya iniciado una investigación, a instancia de una organización -“Por Juárez no más muertes por Covid”- cuya finalidad es detectar el por qué de la letalidad del 25 por ciento en Ciudad Juárez, ya que al realizar un comparativo con Culiacán, en Juárez se había hecho la mitad de pruebas aun y cuando la ciudad fronteriza tiene el doble de población, según declaró Clara Torres a nombre de la organización.
“Dicen que una de las razones es porque llegan muy graves, queremos saber si es porque no se está diagnosticando y llegan al último, o porque nos están faltando insumos o infraestructura. Necesitamos diagnosticar para resolver”, dijo la activista.
¿Cómo compaginar un hipotético regreso a las labores con este hecho, que en el caso de Juárez ha causado innumerables protestas de los trabajadores que se niegan a regresar al trabajo precisamente por lo anterior?
No les falta razón.
Sólo hasta que el conflicto y la enfermedad causaron serias afecciones, las autoridades estatales y federales se atrevieron a hacer una revisión, con la sorpresa ¡oh, no nos habíamos dado cuenta, disculpen! que eran decenas de plantas no-esenciales abiertas y con la presencia de decenas de miles de trabajadores en plena etapa 3!
¿Qué hacer en esta encrucijada, reactivar la economía, a riesgo de aumentar el número de contagios?
¿Quién puede resolver que a pesar de “los daños colaterales” -es decir, los que puedan enfermar gravemente, o morir- deba volverse a la plena actividad laboral, o por lo menos a una disminuida?
Hay factores que pesan más: La de la elevada letalidad del Covid-19 en Juárez, muy por encima de la media nacional y mundial, a causa de, probablemente, la elevada comorbilidad por las altas tasas de obesidad, diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares existentes en el antiguo Paso del Norte.
Así, las pretensiones, tanto del presidente Trump, como de una parte de los empresarios norteamericanos de la industria automotriz, y de otras, topan con la realidad mexicana y las decisiones de los gobernantes locales, como la del alcalde Armando Cabada, que decretó una restricción casi absoluta para el tráfico de vehículos y personas a partir de las 10 de la noche, en tanto que en el día (que es cuando se dispersa mayormente el virus) no la hay.
Por supuesto que se coincide en la exhortación y la cohesión social para que nos quedemos en casa quienes puedan y que los impedidos a parar, lo hagan guardando todas las prevenciones posibles y reciban del Estado mexicano, a través de las dependencias de los tres niveles de gobierno, todo el auxilio necesario para sobrevivir en las mejores condiciones.
A tales factores se suma otro, derivado de la importancia que tiene el trabajo formal en la economía chihuahuense.
De acuerdo con una investigación periodística, el “noroeste del país es la región más afectada por el paro de las actividades no esenciales, decretado el pasado 31 de marzo. Mensualmente, estas medidas imponen a su economía un quebranto equivalente a 4.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) anual. Los cinco estados que la integran: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua”, que aportan el 11.6 por ciento del PIB nacional, que tiene la “mayor participación en las exportaciones industriales (29 por ciento)”. (Nota de Alejandro Dávila y Miriam Valdés, El Financiero, 8/V/20).
Al verse obligado a parar la mayor parte de sus actividades, Chihuahua sufrió un impacto en los montos mensuales, “equiparables al 5.6 por ciento del PIB anual”.
Aún más, distintos analistas están anticipando una caída anual de 30 por ciento en las exportaciones lo que provocaría una disminución del 7.5 por ciento en el valor de su producción bruta total en el año 2020, que podría alcanzar una caída en el PIB de “una cifra de dos dígitos no solamente en la economía del noroeste, sino en el conjunto de la economía mexicana”. (Ibídem).
Hecho ante el cual el presidente, ante las posturas de la cúpula empresarial, se ha negado a reunirse con ella a fin de discutir las distintas propuestas y las decisiones gubernamentales.
No dejan de llamar la atención las respuestas presidenciales ante las propuestas empresariales. Si bien todos podríamos coincidir en que, de ninguna manera, debería instalarse un mecanismo de salvamento para las grandes empresas, se deplora su incapacidad para asimilar que su gobierno está obligado a ir al rescate de poco más del 90 por ciento de las empresas, que son las que generan la mayor parte de los empleos formales y a las que no se les podría aplicar la lapidaria frase presidencial:
“Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el industrial el que asuma la responsabilidad o los socios, porque el Estado tiene que proteger a todos; sería una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o instituciones financieras en quiebra”.
Si una empresa mediana quiebra -por lo general- es muy probable que, además del cierre de la fuente de trabajo, sus empleados vayan al desempleo, sin que los programas hasta ahora lanzados por el gobierno de la 4T le sirvan para enfrentar la situación.
Vamos, ni siquiera para las pequeñas y micro empresas, los créditos otorgados por el gobierno -25 mil pesos- le sirven; montos de tal magnitud sólo les servirán para el gasto corriente de sus familias, de ninguna manera para preservar sus empresas.
¡Tremendas situaciones se deberán -estamos- enfrentando!
CALDERÓN.- ¿Para qué hacer crecer tanto a Felipe? Po’s si hay cargos, sin ruido, denúncienlo! ¿Para qué desperdiciar tiempo, atención y recursos polemizando con él y sus actos de gobierno? ¿Por qué no actuar como dice la ley y dejar de litigar en público?
DESPENSAS.- Si los protagonistas políticos reparten despensas ¿por qué se hacen acompañar de sus fotógrafos?
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