A regañadientes y por presión de medios que criticaron su ausencia, el Consejo de Salubridad General (CSG) apareció el jueves 19 de marzo cuando la cifra de infectados iniciaba su ritmo de crecimiento con 164. Y hasta ahora su primer y único pronunciamiento fue en el sentido de calificar al coronavirus como una enfermedad grave, cuando en todo el mundo había pánico y los muertos sumaban miles.
Tarde, sin autoridad, ajeno a la realidad y sin cubrir las normas mínimas de higiene en su reunión en Palacio Nacional, el CSG redactó e hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación el lunes 23 de marzo un decreto para reconocer la existencia de un virus que había comenzado a causar preocupaciones desde el viernes 21 de enero, dos meses atrás.
La reunión del CSG dejó mucho que desear: sesionó el jueves 19, redactó el decreto durante tres días y lo publicó el lunes 23 en el Diario Oficial. El artículo primero del decreto “reconoce” la epidemia por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en Mexico “como una enfermedad grave de atención prioritaria”. Se supone que lo prioritario sería a partir del lunes 23 en que se publicó el decreto, no desde los primeros días de enero en que se difundieron las versiones de un “extraño virus” en China que se iba a desperdigar por todo el mundo como epidemia-pandemia.
El artículo tercero del acuerdo anuncia que la Secretaría de Salud “establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia”. El uso del verbo en conjugación futuro anuncia que las medidas contra el virus se darían desde ese lunes 23 de marzo, cuando la primera alerta debió de haber sino anunciada desde finales de enero. Y el lunes 23 de marzo el CSG anuncia medidas de “prevención” cuando el virus ya no era importado, sino que comenzaba a expandirse por orígenes locales; es decir, cuando el virus ya era mexicano por responsabilidad directa de funcionarios del sector salud que no reaccionaron con previsión.
El decreto del CSG entró en vigor el 23 de marzo, dos meses después de que el virus llegó a México, nadie se preocupó por encapsularlo, ninguna autoridad lanzó alerta alguna por la peligrosidad y cuando ya los medios, el lunes 23 pasado, habían apanicado a la sociedad con los estragos con casi 400 mil infectados y más de 16 mil muertos y con los datos alarmantes del colapso sanitario por el virus en España y en Italia.
Aquí ya se publicó el dato, pero hay que repetirlo: por reglamento interior en su fracción XVII del artículo 9, el CSG tiene la facultad de “aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia”. El 18 de marzo, el CSG estaba dormido mientras el pánico era mundial.
Lo grave del asunto radica en que el CSG está presidido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien ha sido anulado de sus funciones dobles. A lo largo de dos y medio meses, el CSG estuvo desconectado de la realidad, a pesar de que hay organizaciones médicas no oficiales como vocales titulares y una veintena de organizaciones de salud como vocales auxiliares. El artículo 25 del reglamento interior del CSG señala que el Consejo puede ser convocado, además de las autoridades gubernamentales, “a propuesta de cinco vocales”. Por lo tanto, todos los vocales titulares y honorarios son corresponsables de la negligencia del CSG para liderar la respuesta sanitaria contra el virus.
El problema radica en que la normatividad del Consejo señala que como autoridad sanitaria depende “directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaria de Estado”, aunque en su configuración actual miembros del gabinete legal y del gabinete ampliado forman parte de la estructura.
De ahí que la primera responsabilidad de los estragos de la crisis del coronavirus haya que endosárselos de manera legal al Consejo de Salubridad General.
Mensajes sociales. El tracking diario de la encuestadora Consulta Mitofsky y El Economista está enviando una señal: ayer martes la aprobación presidencial llegó a 50.5%, contra 64.5% de abril del año pasado.
Y en local… Ante la pasividad del gobierno federal y sus oficinas de salud y de emergencia sanitaria, los gobernadores y alcaldes están asumiendo sus propias decisiones. Ahora le tocó al gobierno de Sinaloa, cuyo mandatario Quirino Ordaz Coppel anunció medida de apoyo fiscal, compromiso sanitario, cierre de lugares públicos y apoyos a trabajadores vulnerables de la administración con edades superiores a 60 años y estado de gestación. Se trata del primer paquete cuando la crisis del coronavirus comenzaba a entrar en fase 2. El gobernador Ordaz está asumiendo la iniciativa que tarda el gobierno federal y podría marcar una diferencia positiva en daños provocados por el virus.
Política para dummies: La política no es el reparto de culpas, sino la asunción de responsabilidades.
